NORTE HOY El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría una ordenanza que autoriza la venta directa de un terreno de casi tres hectáreas de propiedad municipal, ubicado en el acceso a Villa General Savio, dentro del parque industrial Comirsa, valuado en más de 2,5 millones de dólares. La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo que conduce el intendente Mauro Poletti y respaldada por la mayoría oficialista presidida por Marcela Isarra, generó un fuerte rechazo de la oposición y abrió un debate sobre la transparencia en la gestión del patrimonio público. El predio había sido recientemente transferido al Municipio con el argumento de que podría convertirse en una herramienta para fomentar inversiones productivas. Sin embargo, la ordenanza aprobada establece una modalidad de venta directa, sin licitación pública y sin especificar quién será el comprador, con qué proyecto ni bajo qué condiciones se concretará la operación. El expediente remitido al Concejo incluye únicamente una tasación oficial del Banco Provincia, que fijó el valor del terreno en aproximadamente 1.700 millones de pesos, y una descripción básica del inmueble de 28.000 metros cuadrados apto para instalaciones industriales. No se incorporaron dictámenes técnicos, estudios de impacto, informes jurídicos ni fundamentos que justifiquen el uso de la venta directa, una excepción que por normativa debería aplicarse solo en casos plenamente justificados. Desde los bloques opositores se advirtió que la ordenanza no establece criterios mínimos para seleccionar al adquirente ni obliga a que la operación vuelva al ámbito legislativo una vez concretada. Esto concentra todas las decisiones en el Ejecutivo municipal, debilitando los mecanismos de control y transparencia. La concejal Soledad Agotegaray, del bloque Juntos por Ramallo, se abstuvo de votar, señalando que solicitó sin éxito información sobre la partida presupuestaria y el destino de los fondos obtenidos. Por su parte, los bloques Hechos y La Vecinal votaron en contra, cuestionando la ausencia de datos clave y el apuro con el que se impulsó el proyecto. El tratamiento legislativo despertó críticas por su rapidez inusual. El proyecto ingresó a mediados de diciembre y, en menos de dos semanas, fue aprobado en el recinto sin que se respondieran los pedidos de informes en comisión. Como justificación informal se mencionó la situación financiera del Municipio, lo que, según la oposición, evidencia una urgencia recaudatoria que no puede justificar la entrega de patrimonio público sin garantías ni planificación. La comparación con otros procesos recientes profundiza los cuestionamientos. En un predio lindero, el Municipio avanzó mediante licitación pública para instalar un sistema de control de tránsito pesado, con acompañamiento de todos los bloques. En este caso, el oficialismo eligió un camino excepcional, aprobado sin modificaciones, sin precisiones y con una mayoría automática que vuelve a poner en el centro del debate el estilo de gestión de Poletti y el rol del Concejo presidido por Isarra. En la opinión pública, la medida generó inquietud sobre la protección del patrimonio municipal y el uso de mecanismos que evitan la participación ciudadana y legislativa en decisiones clave, elevando la tensión política en el distrito. NORTE HOY
